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Jueces y principio de reciprocidad

El Portal de CNN en Español reporta que el juez brasileño Julier Sebastiao da Silva ordenó fotografiar y tomar huellas a todos los ciudadanos estadounidenses que ingresen a Brasil desde el 1 de enero. La causa de esta medida se encuentra en que el gobierno de Estados Unidos comenzó a verificar la identidad de los visitantes extranjeros (mediante fotos y huellas dactilares) que ingresan con una visa a la Unión Americana (las personas que entran en ese supuesto son alrededor de 24 millones). Este mecanismo para mejorar la seguridad estadounidense no se aplicará a los viajeros de 27 países que no requieren de visa de ingreso a territorio, situación que el juez planteó al señalar que "obviamente que los ciudadanos europeos y de otros países ricos no serán objeto del acto ultrajante, que será reservado a los nacionales de países pobres de América latina, Africa, Oriente Medio y Asia".

El asunto, decidido por el juez da Silva previa del Ministerio Público Federal brasileño, no se refiere únicamente al prinicipio de reciprocidad en las relaciones internacionales (columna vertebral de la disciplina) sino que también tiene que ver con el prinicipio de dignidad de las personas que consagra la Constitución de ese país. Esas violaciones a los derechos humanos no sólo comprenden las ya de por sí obvias, como que a visitantes (que se presumen inocentes de toda culpa) se les ficha como si hubieran cometido delitos y ese trato es discriminatorio porque se determina en virtud del lugar de origen del viajero, sino que también incluyen vulneraciones a derechos más sofisticados como el consistente en no interconectar bases de datos sin el permiso (evidentemente libre, no coaccionado) de quien facilitó sus datos: La fotografía y las huellas digitales de los dos dedos índice del viajero se usarán en principio para verificar la identidad del extranjero en una base de datos del Departamento de Estado, que es el ministerio que otorga las visas en EU, pero la base de datos no sólo será utilizada por los agentes de migración estadounidenses para esos fines, sino que será cruzada con información del FBI y otros organismos federales para detectar la entrada de personas con infracciones inmigratorias, así como antecedentes criminales o terroristas. Resulta claro que toda persona en Occidente que tenga sentido común (no hay muchos) debe considerar apropiado que se evite que terroristas o delincuentes extranjeros ingresen a nuestros países, pero reducir a el universo de sospechosos a aquellos que requieren visa para entrar a EU es sostener que el terrorismo es un asunto de raza. Por lo que no extraña que el juez brasileñohaya señalado que el requisito exigido por el gobierno estadounidense es un hecho "totalmente brutal, que amenaza los derechos humanos, viola la dignidad humana, xenófobo y digno de los peores horrores cometidos por los nazis".

Ojalá los órganos de procuración y administración de justicia mexicanos fueran tan responsables, valientes, dignos y eficientes como lo demostraron en este caso el Ministerio Público Federal brasileño y el juez da Silva. Lástima, aquí en México sólo tenemos Tribunales, como el Federal Electoral, que dan pena ajena.

Primer mensaje

Hoy comienzo este weblog y espero que sea un espacio adecuado para expresar todas las cosas que me irritan en materia de política, economía, sociedad y cultura. Espero todos sus comentarios a mi correo papiniano@hotmail.com.

El uso indiscriminado de celulares como autonomía administrativa y otros disparates

Hay un nuevo ganador al Premio Elba Esther Gordillo a la declaración más desafortunada del día, en esta ocasión le corresponde por doble mérito a Germán Martínez, coordinador adjunto de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, quien regocijó al respetable con la siguiente joya del sofisma popular:

    "No es posible que le digamos al gobierno cuánto debe de gastar en celulares, ¡por favor!”.

Sin embargo, Don Germán no consideró suficiente proeza su primera declaración, dice un periódico que a los pocos minutos expuso su angustia en la tribuna parlamentaria:

    [...]“El Presupuesto de Egresos no puede ni debe contener disposiciones que invaliden o restrinjan la estructura orgánica y la competencia del a Administración Pública Federal, porque ello atentaría contra las leyes y reglamentos que definen la organización y atribuciones que tienen encomendadas las dependencias del Ejecutivo"[...]

A pesar de que sus súplicas fueron desatendidas -finalmente el gobierno de Fox tendrá restricciones en materia de uso de teléfonos celulares- no deja de sorprender que un diputado (un "hacedor de leyes") profiera barbaridades de tal envergadura. ¿Que los diputados establezcan límites al uso de los celulares pagados con dinero público implica que se restrinja la estructura orgánica y competencia de la tres veces H. Administración Pública Federal? Obviamente que no, lo único que entraña esta disposición presupuestal es que si alguien se quiere quedar colgado del teléfono móvil será porque se gasta sus recursos particulares en ello. Decir que se atenta contra las leyes (a un diputado debería importarle un comino lo que dicen los reglamentos, porque están al servicio de ley, así que lo que realmente importa es que ésta sea respetada) porque se ponen candados al uso de celulares, entrañaría el absurdo de pensar que las atribuciones administrativas no están sujetas a las posibilidades económicas del Estado. Ahora resulta que existe una atribución administrativa que establece la potestad de gastarse lo que se venga en gana en comunicaciones telefónicas. Berthélemy le pondría unas bofetadas a quien dijera semejante disparate.
La recomendaría un par de libros de Derecho Administrativo y otro tanto de obras de Administración Pública al diputado Germán Martínez, pero creo que su caso ya no tiene remedio.